Nosotros fomentamos la inclusión digital al trabajar en la implementación de tecnologías y herramientas digitales que permitan el acceso y uso de los servicios públicos por parte de todos los ciudadanos, independientemente de su nivel socioeconómico o habilidades digitales.Para lograrlo, promovemos la accesibilidad y usabilidad de los servicios digitales, utilizando un diseño inclusivo que permita a todas las personas interactuar con los servicios públicos.
También, impulsamos la formación digital de la ciudadanía a través de programas y proyectos que enseñan habilidades digitales y tecnológicas a personas que tienen dificultades para acceder a ellas.
La Ley de Transformación Digital del Estado de Chile busca digitalizar una amplia variedad de servicios públicos, incluyendo, pero no limitado a:
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Trámites de identificación y registro civil, como la obtención del RUT, cédulas de identidad, pasaportes, y otros documentos oficiales.
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Servicios de salud, como la obtención de citas médicas, solicitudes de exámenes, recetas electrónicas, y acceso a historias clínicas.
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Servicios de educación, como la matrícula en establecimientos educacionales, la solicitud de becas y créditos estudiantiles, y la obtención de certificados académicos.
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Servicios de justicia, como la realización de trámites en juzgados, la obtención de certificados de antecedentes, y la solicitud de protección a víctimas de delitos.
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Servicios de empleo y seguridad social, como la obtención de permisos laborales, solicitudes de beneficios sociales, y el acceso a información sobre pensiones y seguros.
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Servicios de transporte, como el pago de multas de tránsito, la renovación de licencias de conducir, y la obtención de permisos de circulación.
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Servicios de vivienda y urbanismo, como la solicitud de subsidios habitacionales, la obtención de permisos de construcción, y el acceso a información sobre planificación territorial.
En definitiva, la digitalización de los servicios públicos busca hacer más fácil y accesible la relación entre la ciudadanía y el Estado, permitiendo una mayor eficiencia y transparencia en la gestión de los trámites y servicios que el Estado ofrece.